ESCENARIO SOMBRÍO. Si una mujer es víctima de una violación en Ecuador, seguramente, desde la prensa sensacionalista se ahondará más sobre la vestimenta que lucía ese día. Tal vez, la acusen de provocadora. La culpabilicen, en definitiva, del ultraje. Si la violencia ocurre bajo el techo del hogar pueden llegar, incluso, a justificar los golpes que le propinó su pareja. “La mató por celos” titularía la noticia.

En los países andinos de América Latina, el 98 por ciento de las informaciones relacionadas con la violencia de género aparecen publicadas desde una óptica amarillista, en la sección de crónica roja. Nunca como una problemática social. La Fundación Gamma , con sede en Cuenca, estableció contactos en España para impulsar una red iberoamericana de observatorios de medios de comunicación cuya la labor no se ciña solo a “fiscalizar” la cobertura periodística de esta realidad. También, a promover la profesionalización de los comunicadores. A cambiar su mirada ante un fenómeno que no admite indulgencia alguna. La presencia de esta entidad en Madrid se enmarcó dentro de un encuentro sobre Violencia de Género organizado por la ONG Solidaridad Internacional. Al evento también asistió Carina Argüello, directora Nacional de Género, y los representantes de la Fundación de Salud Amazónica, la Asociación de Mujeres Municipalistas y de Sí Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano puso el acento en la política de Estado, declarada por el presidente Rafael Correa, para erradicar este tipo de violencia. Argüello habló de la puesta en marcha de una campaña para cambiar los patrones socio-culturales, la modificación de los planes de estudio de los colegios para que incluyan la materia sexual desde un enfoque de igualdad, el fortalecimiento del sistema de protección de las víctimas y el fomento de una cultura de denuncia en el país. De España, comenta la funcionaria, “nos interesa conocer detalles de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”. La normativa, aprobada en 2007, supuso la creación de un permiso de paternidad de 15 días (ampliable a un mes en un plazo de seis años), la paridad en las listas electorales y en los consejos de administración de las empresas.