Asociaciones de inmigrantes levantan la voz de protesta en contra de las redadas de extranjeros y la circular policial que instruye a las uniformados para que hagan detenciones preventivas.
CONTROLES POR DOQUIER. Ni los ambulatorios se salvan. Tampoco las peluquerías. Menos, los locutorios. Ni qué hablar de las bocas de metro. En cualquiera de estos sitios la Policía puede solicitar a un extranjero su identificación. En estos controles que se han convertido en moneda corriente en los últimos meses predomina un principio: pedir ‘papeles’ según el color de piel, si los rasgos son distintos a los de los autóctonos.
Los uniformados tiene órdenes (así queda constancia en la circular 1/2010 del 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de 29 páginas a la que también ha tenido acceso RAÍZ) de conducir a “comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España” y de tramitar “a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible” y por el “procedimiento preferente” la expulsión de los irregulares interceptados en la calle.
No se trata de “algo episódico” sino de una práctica que en la óptica del párroco jesuita Daniel Izuzquiza, de la asociación Pueblos Unidos, solo consigue “enrarecer la convivencia, impedir la integración y ver al ‘otro’ de manera hostil”. A sus palabras habría que sumar otro calificativo: “ilegal”.
PRÁCTICAS ILEGALES. Es lo que han querido probar 141 asociaciones que pidieron al Ministerio del Interior la retirada de esta “circular” porque promueve "ilegalmente" detenciones preventivas a inmigrantes (solo en Madrid, en 2009, se han efectuado 445.000 controles de identidad) . Un informe del Grupo Inmigración y Sistema Penal -integrado por fiscales, jueces y catedráticos de derecho penal- permite comprobar que estas acciones no están amparadas por la legislación vigente.
La normativa de extranjería “permite la 'detención cautelar' en el marco de un procedimiento sancionador ya incoada y cuando, cumpliéndose los requisitos establecidos, así lo acuerde el instructor del procedimiento. Ninguno de estos supuestos legales concurren en las prácticas policiales denunciadas", advierte la queja cursada al Gobierno. El Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, interpelado en el Congreso defendió que la circular interpreta la reciente reforma de la Ley de Extranjería y “da a la Policía instrucciones naturalmente legales”.
VOCES DE PROTESTA. Hasta el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha protestado: “se trata a los inmigrantes como delincuentes, se dispone su detención ‘preventiva’ contraviniendo sentencias del Tribunal Constitucional y en definitiva se retrocede en materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos”.
Un dato más: un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 17 de agosto de 2009 advierte que los controles policiales "no pueden efectuarse seleccionando a los ciudadanos en virtud de rasgos étnicos o raciales como indicios de su posible situación ilegal en el país".
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